Martes, 12 de enero de 2010

ES COSA DE CARADURA

¿Tanto le debe el gobierno a algunos sectores de la cultura en este país - algunos sectores, porque a otros ni les escucha - que aprueba un paquete de medidas para bloquear páginas web con contenidos que una comisión oportunamente creada considere ilícitos?

Vayamos por partes. Tengo la sensación de que los medios de comunicación no le están dando a la noticia la relevancia que merece. Por otro lado, habría que pedirles un mínimo de rigor a la hora de informar al respecto o, al menos, que pongan un poco de interés en explicar bien qué está sucediendo. En este sentido, el problema es que los medios siguen minusvalorando internet. Cuando se quieran dar cuenta puede que sea tarde y, para entonces, habrán sido cómplices de una corrupta estratagema.

Después de este rodeo, vamos al grano. La cuestión es que una comisión creada por el Ministerio de Cultura será la que decida qué páginas web deben ser bloqueadas por contener, en opinión de esta comisión, contenidos que vulneren los derechos de autor. Éste, y no otro, será el criterio para decidir qué páginas web deben ser cerradas. Y lo hará una comisión, no un juez. La Audiencia Nacional sólo está autorizada a revocar el cierre si éste vulnera derechos fundamentales como, pongamos por ejemplo, la libertad de expresión. Podría darse el caso de que un juez considere que una página de enlaces no es un ejercicio de libertad de expresión y que tampoco vulnera los derechos de autor, ambas afirmaciones son compatibles. Da igual que concluya que no vulnera los derechos de los autores, ya que no le corresponde a su señoría decidir sobre este punto. Sólo tiene que decir si vulnera o no ciertos derechos fundamentales. Por tanto, la decisión de bloquear la web ya estaría tomada antes de llegar a las manos de un juez que, únicamente, tendrá un papel testimonial. En este supuesto, la web quedaría cerrada.

En esencia, la ley es una barca que pone el gobierno a cierto grupeto de artistas y creadores para bordear un río, el de la justicia, en cuyas aguas de mojaban las demandas que interponían en contra de estas páginas web. Dicho de otro modo, montamos un paripé para que no se diga, pero la realidad es que el gobierno permite un triple salto sobre el poder judicial y será una administración la que dicte sentencia. El tema es grave. Lo explica mejor David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, al que recomiendo seguir a través de su blog:

Encuentro digital con David Bravo en el diario 20 minutos

Debemos permanecer atentos a ver cómo evoluciona un asunto con matices suficientemente alarmantes como para profundizar en él. Leed bien lo que dice Bravo. Suerte que hay gente que puede explicarnos qué está sucediendo realmente, porque el papel de ciertos medios de comunicación resulta descorazonador.

Como véis, con el paso de los años no sólo evoluciona la tecnología.  Unos cuantos justicieros que no tienen reparos en erguirse en defensores de la libertad - cabría preguntarse cuántos creadores y artistas se consideran afectados negativamente por el libre intercambio de archivos en internet - han conseguido darle nuevos ropajes a la vieja censura.


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Publicado por Fransi @ 17:50 | 0 Comentarios | Enviar

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